Con el propósito de hacerle frente al Covid-19, muchos países adoptaron herramientas tecnológicas que emplean datos personales de geolocalización para rastrear casos sintomáticos, esto con el fin de medir la velocidad de contagio del covid-19 entre sus habitantes, viajeros y para monitorear contactos con posibles personas contagiadas. Esta información es empleada como parte de una estrategia para tomar medidas de restricción o el levantamiento de estas. Veamos algunos casos:
Corea
Corea que ha tenido un buen manejo de la pandemia, en parte ha sido gracias al rastreo vía GPS de los afectados y en cuarentena para identificar cualquier persona con la que los portadores del virus hayan estado en contacto. Por su parte, otros países asiáticos están recurriendo al uso de pulseras rastreadoras de alta tecnología para monitorear los casos positivos. Más de 20.000 viajeros que llegaron a Hong Kong recibieron pulseras que el gobierno adquirió para monitorear el movimiento de las personas en cuarentena.
Singapur
Singapur por su parte lanzó TraceTogether y 5 días después había sido descargado por 735.000 personas, aproximadamente el 13% de la población. Esta aplicación a diferencia de otras funciona como una red computacional distribuida persona-a-persona usando Bluetooth a una corta distancia. Esto permite que no haya un control central que reciba todos los datos y por ende se protege la privacidad individual.
Taiwán
Taiwán tiene un enfoque diferente, rastrea los teléfonos de las personas en cuarentena utilizando datos de las antenas de teléfonos celulares. Si detecta a alguien fuera de límites, les envía un mensaje de texto y alerta a las autoridades.
Colombia
En Colombia la herramienta diseñada para este monitoreo se llama CoronApp, la cual tiene como propósito facilitar el monitoreo en tiempo real de datos recopilados al Centro de Operaciones de Emergencias del Instituto Nacional de Salud (INS), para que puedan actuar rápidamente y dar apoyo en coordinación con las autoridades locales, departamentales y nacionales, ayudando a detectar zonas afectadas y personas cercanas con diagnóstico positivo para COVID-19.
¿Pero qué pasa con el uso de aplicaciones?
Los usuarios de las aplicaciones también están en riesgo, ya que su ubicación es utilizada para establecer si se han cruzado con un paciente diagnosticado. El problema acá es cuando un tercero, generalmente el gobierno, accede a los datos de ubicación, además de la falta de transparencia sobre
cómo están usando sus datos personales y dónde se están almacenando.
Otro riesgo para el público en general radica en que los usuarios y los no usuarios están conectados a través de relaciones sociales y proximidad espacial, si se revela la identidad de un familiar o amigo como portador del virus, pueden ocurrir estigmatizaciones y repercusiones sociales como las vividas en nuestro país en diferentes momentos de la pandemia.
Todo lo anterior evidencia la necesidad de priorizar la privacidad de las personas y por ende los gobiernos deben propender al uso de datos agregados y anonimizados, para que así también puedan ser abiertos como se ha tratado de manejar en nuestro país.
La falta de privacidad tiene como consecuencia la erosión en la confianza entre el Estado y la ciudadanía. Más aún, la falta de transparencia de los gobiernos en el uso de los datos personales, combinado con la falta de información de cómo estas aplicaciones toman decisiones. Por esto, surge la necesidad de explorar en mayor profundidad el uso de protocolos criptográficos y/o privacidad diferencial, para permitir proteger mejor la privacidad de las personas al mismo tiempo que permiten gestionar los datos que se necesitan para controlar una epidemia.
La pandemia no nos ha dado tiempo para hacer esto como se debe.
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