En el contexto actual de urbanización acelerada y desarrollo tecnológico, las ciudades inteligentes o «smart cities» emergen como modelos de gestión urbana orientados a la eficiencia, la sostenibilidad y la calidad de vida. Sin embargo, uno de los retos más importantes y a menudo descuidados dentro de este paradigma es la movilidad inclusiva: garantizar que todos los ciudadanos, sin excepción, puedan desplazarse con seguridad, comodidad y autonomía.
El concepto de movilidad inclusiva va más allá de la simple adaptación de espacios para personas con discapacidad. Implica pensar en niños, personas mayores, mujeres, personas con dificultades económicas y cualquier otro grupo que enfrente barreras para desplazarse libremente. Una ciudad verdaderamente inclusiva considera estas diferencias desde el diseño urbano hasta la implementación de tecnologías emergentes.
Por ejemplo, en 2025 Barcelona fue reconocida como la ciudad más segura de España para la movilidad infantil gracias a sus zonas pacificadas, rutas escolares seguras y el impulso al transporte activo. De forma paralela, Cartagena – también en España – se posicionó como una de las ciudades más accesibles de Europa, siendo premiada por su trabajo en turismo inclusivo y servicios urbanos adaptados.
Las smart cities suelen asociarse a soluciones como sensores, inteligencia artificial, big data o vehículos autónomos. No obstante, el verdadero potencial de estas herramientas se alcanza cuando se orientan hacia la equidad.
Una iniciativa destacada es el uso de arquitecturas de Internet de las Cosas (IoT) de bajo costo para ayudar a personas con discapacidad visual. Estos sistemas permiten conocer en tiempo real la llegada de autobuses o la ubicación de cruces seguros, facilitando una movilidad más autónoma.
América Latina, con sus retos estructurales, ha comenzado a adoptar modelos que combinan la inclusión con la sostenibilidad. La CEPAL ha impulsado el concepto de ciudades inteligentes con un enfoque de «gran impulso para la sostenibilidad», promoviendo la electromovilidad y el transporte público como oportunidades para reducir brechas sociales y avanzar hacia una transición energética justa.
Colombia específicamente, ha mostrado avances significativos en la implementación de iniciativas que promueven la movilidad inclusiva dentro del marco de las ciudades inteligentes.
Un ejemplo es el de Bogotá. En el componente troncal de TransMilenio, los buses articulados y biarticulados están equipados con espacios designados para sillas de ruedas, asientos prioritarios, cinturones de seguridad, timbres accesibles y señalización sonora y visual para facilitar el acceso y desplazamiento de personas con discapacidad. Además, los nuevos buses articulados y biarticulados cuentan con plataformas elevadoras para el ingreso a través de los paraderos.
Además, la reciente actualización del Manual de Señalización Vial, con más de 80 nuevas señales, busca mejorar la seguridad y accesibilidad para todos los actores viales, incluyendo peatones y ciclistas.
A pesar de estos avances, Colombia enfrenta desafíos significativos en la consolidación de una movilidad verdaderamente inclusiva. La regulación de los bicitaxis, por ejemplo, llegó con una década de retraso y excluye a los vehículos motorizados, que representan una parte considerable del servicio en ciudades como Bogotá. Además, la preferencia de los ciudadanos por desplazarse de manera individual, a pesar de la creciente lentitud del tráfico, refleja una insatisfacción con el transporte público, que aún enfrenta problemas de seguridad, congestión y frecuencia.
La movilidad inclusiva no debe considerarse un complemento, sino un principio fundamental en la planificación urbana del siglo XXI. Las ciudades inteligentes no serán verdaderamente inteligentes hasta que garanticen el derecho a moverse con dignidad a todos sus habitantes. Integrar tecnología, participación social e infraestructura accesible es el camino hacia urbes más justas, humanas y resilientes.
